espacio de e-pensamiento

lunes, 17 de septiembre de 2007

De aquellos barros, estos lodos.

Hoy he escuchado en una tertulia radiofónica una noticia curiosa: en el seno del Consejo del Poder Judicial hay un cuerpo extraño, uno de los magistrados a veces vota con la mayoría conservadora y otras con la minoría progresista. ¡Qué desfachatez! Su anómalo comportamiento aumenta la incertidumbre que se cierne sobre la venerable institución. Supongo a los feacios al tanto de la polémica que estos días se ha desatado con el boicot del PSOE e IU a al discurso del presidente del Consejo en el inicio del año judicial. Lo más llamativo de todo es la falta de escrúpulos de los partidos políticos al hablar de un poder del estado independiente del poder legislativo. Que en el fondo la independencia no era tal lo sabíamos desde hace tiempo, pero al menos podían disimular, hacer como si…, pero nada, total para qué si lo que demanda la clientela es que los suyos tengan la sartén por el mango o en todo caso que se pongan de acuerdo para repartirse una cuota en el Consejo que satisfaga a ambos. Yo por mi parte pienso que lo mejor sería que el magistrado disidente convocara a cuatro amigotes y montarán el Consejo a su bola.

El problema actual viene de lejos y ningún partido está libre de culpa. De aquellos barros, estos lodos:

La Constitución española de 1978 en su Título VI, art. 122 establece la forma de elección de los miembros del consejo general del poder judicial, que es el órgano de gobierno del poder judicial y que, entre otras funciones, se encarga de elegir a los presidentes de sala del Tribunal supremo y Tribunales de justicia de las Comunidades Autónomas y a exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados, por citar las más importantes. Según este texto, el Consejo General del Poder Judicial está integrado por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años. De estos:

  • Doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica
  • Cuatro a propuesta del congreso de los diputados y cuatro a propuesta del senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Evidentemente el espíritu de la ley constitucional deja el designio político a la minoría de miembros (8 de 12). Se podría haber puesto que de esa manera se eligen los 20, pero deja los otros 12 para que se elijan como la ley determine; no hace falta ser un experto en la materia para comprender que de manera diferente a como se elijen los otros 8.

Fieles a ese espíritu, el parlamento de la época de Suárez elaboró la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial, que establecía que los doce vocales que la constitución dejaba al margen de su elección parlamentaria, serían elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo, mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo.

El parlamento felipista, dio un golpe de mano a la independencia judicial, con la redacción de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que modifica la forma de elección de los esos 12 vocales, de manera que el Poder Judicial propone a 36 candidatos, de los cuales 6 son elegidos por mayoría de 3/5 partes del Congreso de los Diputados y los otros 6 por mayoría de 3/5 partes del Senado. De esta forma los 20 miembros del Consejo pasaban a ser elegidos por el parlamento y se establecía el tristemente célebre reparto por cuotas de partido de la totalidad de sus miembros. Que estas modificaciones las hiciese el partido socialista en el poder, no exime de corresponsabilidad al PP, porque, en su campaña para las elecciones de 1996, Aznar prometió volver de nuevo a la elección del Consejo como en tiempos de UCD. Lamentablemente todas las promesas quedaron sepultadas con la euforia de la victoria. A fin y al cabo el control del órgano rector de los jueces es un caramelo demasiado dulce para dejarlo de lado.

A mi modo de ver sólo caben dos opciones: o volver al sistema de la época de Suarez o plantear una reforma de la constitución que acabe con la apariencia de separación de poderes.