espacio de e-pensamiento

lunes, 17 de septiembre de 2007

De aquellos barros, estos lodos.

Hoy he escuchado en una tertulia radiofónica una noticia curiosa: en el seno del Consejo del Poder Judicial hay un cuerpo extraño, uno de los magistrados a veces vota con la mayoría conservadora y otras con la minoría progresista. ¡Qué desfachatez! Su anómalo comportamiento aumenta la incertidumbre que se cierne sobre la venerable institución. Supongo a los feacios al tanto de la polémica que estos días se ha desatado con el boicot del PSOE e IU a al discurso del presidente del Consejo en el inicio del año judicial. Lo más llamativo de todo es la falta de escrúpulos de los partidos políticos al hablar de un poder del estado independiente del poder legislativo. Que en el fondo la independencia no era tal lo sabíamos desde hace tiempo, pero al menos podían disimular, hacer como si…, pero nada, total para qué si lo que demanda la clientela es que los suyos tengan la sartén por el mango o en todo caso que se pongan de acuerdo para repartirse una cuota en el Consejo que satisfaga a ambos. Yo por mi parte pienso que lo mejor sería que el magistrado disidente convocara a cuatro amigotes y montarán el Consejo a su bola.

El problema actual viene de lejos y ningún partido está libre de culpa. De aquellos barros, estos lodos:

La Constitución española de 1978 en su Título VI, art. 122 establece la forma de elección de los miembros del consejo general del poder judicial, que es el órgano de gobierno del poder judicial y que, entre otras funciones, se encarga de elegir a los presidentes de sala del Tribunal supremo y Tribunales de justicia de las Comunidades Autónomas y a exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados, por citar las más importantes. Según este texto, el Consejo General del Poder Judicial está integrado por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años. De estos:

  • Doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica
  • Cuatro a propuesta del congreso de los diputados y cuatro a propuesta del senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Evidentemente el espíritu de la ley constitucional deja el designio político a la minoría de miembros (8 de 12). Se podría haber puesto que de esa manera se eligen los 20, pero deja los otros 12 para que se elijan como la ley determine; no hace falta ser un experto en la materia para comprender que de manera diferente a como se elijen los otros 8.

Fieles a ese espíritu, el parlamento de la época de Suárez elaboró la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial, que establecía que los doce vocales que la constitución dejaba al margen de su elección parlamentaria, serían elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo, mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo.

El parlamento felipista, dio un golpe de mano a la independencia judicial, con la redacción de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que modifica la forma de elección de los esos 12 vocales, de manera que el Poder Judicial propone a 36 candidatos, de los cuales 6 son elegidos por mayoría de 3/5 partes del Congreso de los Diputados y los otros 6 por mayoría de 3/5 partes del Senado. De esta forma los 20 miembros del Consejo pasaban a ser elegidos por el parlamento y se establecía el tristemente célebre reparto por cuotas de partido de la totalidad de sus miembros. Que estas modificaciones las hiciese el partido socialista en el poder, no exime de corresponsabilidad al PP, porque, en su campaña para las elecciones de 1996, Aznar prometió volver de nuevo a la elección del Consejo como en tiempos de UCD. Lamentablemente todas las promesas quedaron sepultadas con la euforia de la victoria. A fin y al cabo el control del órgano rector de los jueces es un caramelo demasiado dulce para dejarlo de lado.

A mi modo de ver sólo caben dos opciones: o volver al sistema de la época de Suarez o plantear una reforma de la constitución que acabe con la apariencia de separación de poderes.

4 comentarios:

  1. Completamente de acuerdo; es dificil explicarlo mejor. Sin duda uno de los grandes malos de nuestra democracia imperfecta es que la genial idea de Montesquieu, la separación de poderes, en este país nunca ha existido, o si lo ha hecho ha sido en la forma del espejismo. Tal separación garantizaría, por ejemplo, que las comunidades autónomas no se pasasen la Constitución por el "forro" con la absoluta pasividad y complicidad de los gobiernos (tanto socialistas como populares). Sin embargo y, desgraciadamente, eso no sucede y vivimos en un estado de derecho que tiene poco de derecho; más bien asiatimos a una dictadura de los partidos.
    Seguramente habría que volver a la propuesta de Suárez aunque pustos a soñar con un mundo más justo, cabrían apuestas más arriesgadas, como, por ejemplo, dejar también esta cuestión en manos de los ciudadanos... ¿por qué no? tengo la vaga impresión que eso es lo que ocurre en Estados Unidos, aunque no estoy muy puesto. Tal vez aquí necesitaríamos la concurrencia de Santi, que seguro que conoce el caso. Si alguno sabe de qué va el tema podría explicarlo y aprendemos todos.
    Un abrazo

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  2. A TODOS LOS FEACIOS: por favor cuandoe escribais entradas haced uso de las "etiquetas". Debajo de la ventana de editor de texto, cuando escribis, hay una casilla que pone "etiquetas"; ahí debeis meter las palabras clave de vuestro artículo (nacionalismo, Suárez, Rorty... lo que sea). Es muy simple y facilita que nos encuentren en los buscadores. Si escribes una artículo que hay una alusióna , qué sé yo, La selección española de baloncesto, y lo incluyes en las etiquetas, cuando alguien busca eso mismo en Google, el buscador nos encuentra en una pasada y nos sube puestos.
    Un saludo

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  3. Me temo que la distorsión institucional que señala Óscar no tiene visos de enmendarse, sino más bien lo contrario. Se tiende hoy a una politización sectaria de la vida en su conjunto, a una disección topológica estricta que divide todo lo existente en dos partes irreconciliables: izquierda y derecha. El problema al que se enfrenta España -considerada como cuerpo político- es la extrema puerilidad de planteamientos que conducen con necesidad al empobrecimiento de la vida pública y, por ende, privada. Para llegar a tener un poder judicial independiente necesitamos un estado sólidamente asentado en la ley. Un estado que se tome a sí mismo en serio. El estado español es una broma, una espuma evanescente, un humo de la nada. Es un juguete en manos de quien quiera usarlo para los fines más arbitrarios que puedan ocurrírsele. El sentido jurídico del que hacen gala nuestros políticos mueve a decepción o a risa. Se creen que la ley puede utilizarse según las conveniencias del momento, aplicarse o no según lo que la coyuntura parezca indicar. La voluntad, siempre, por encima de la ley objetiva. Este voluntarismo político, por otro lado, es señalado por muchos como esencia misma del totalitarismo. Hay leyes que se cumplen y leyes que no se cumplen, porque su cumplimiento se hace depender de circunstancias ajenas a la ley misma. Ante esto, debemos recordar que la ley no castiga más que en relación a su propia violación, no a la voluntad del que castiga o la supuesta valoración subjetiva que éste haga. Tanto quebranta la ley quien siendo alcalde retira del ayuntamiento los símbolos legalmente preceptivos para todo edificio público como aquel que conduce sin cinturón de seguridad. Sin embargo, todos sabemos qué nos pasa si nos pillan sin cinturón, y también sabemos qué pasa con los alcaldes que cometen tantas infracciones. Está claro que hay delitos y delitos, y que cualquier acción amparada bajo la ideología nacionalista o "progre" (que viene a ser lo mismo) resguarda al actor de enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Bajo ese escudo ideológico todo acto -por despreciable que sea- se transfigura y adquiere justificación y prestigio. Cabe ver la diferencia entre la condena unánime a los neonazis y el silencio vergonzoso hacia los cachorros del nacionalismo, cuando hacen exactamente lo mismo.
    La postergación de la ley a mera fórmula orientativa es síntoma claro de una podredumbre profunda del sistema político español. Perdidos en identificar a cada cual con "la izquierda" o "la derecha", se olvida que lo que realmente califica a los hombres son las acciones que realizan y aquello que dicen. Creo que la obsesión por dominar el poder judicial responde luminosamente a la depauperación de la política que padecemos. El proyecto de Suárez era pretencioso porque, entre otras cosas, asumía que el PSOE había aceptado sinceramente los fundamentos del estado liberal moderno, es decir, que había dejado atrás el leninismo de los años treinta. Por desgracia, todavía hoy el leninismo es la teoría de la práctica política que impera en este PSOE farsante y mentiroso.
    (Lo cual no quiere decir que el PP no sea también farsante y mentiroso, ya sea en relación a la prometida reforma de la justicia, ya en relación al doble rasero manteniso con respecto a las comunidades que, practicando de hecho una política homologable a la de cualquier nacionalista, son gobernadas por el PP).
    Saludos feaciuos.

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  4. He dejado un texto en
    La Academia. Echadle un vistazo a ver qué opinais. Sobre todo me interesa un historiador... Joaquín.

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